SENAME: una crisis permanente y sistemática en Chile

1.313 es la cifra que representa una de las mayores vergüenzas y  tristezas de nuestro país ya que corresponde al número de niños, niñas y adolescentes que fallecieron bajo la tutela y “protección” del Servicio Nacional de Menores [SENAME] entre 2005 y 2016.

El hecho ha generado impacto en la población; sin embargo, esta crisis no es reciente, es permanente y sistemática desde el origen de la Institución. A continuación se exponen algunos elementos que permiten contribuir a la comprensión de las causas del problema, el trabajo de los profesionales en el campo y los cambios que se necesitan con urgencia. 

SENAME es el organismo gubernamental centralizado, dependiente y colaborador del Ministerio de Justicia, encargado de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes [NNA] y de jóvenes entre 14 y 18 años ante el sistema judicial; además, se ocupa de regular y controlar la adopción en Chile. Fue creado el 1 de enero de 1980 en el marco de las medidas impulsadas por la dictadura militar, encaminadas  a la construcción de un sistema económico y social neoliberal, es decir, un sistema centrado en lo individual y regulado por criterios de mercado.

Actualmente la Red SENAME cuenta con más de 1600 instituciones que prestan servicios. Del total del presupuesto anual (169 mil millones aprox. en 2017) la red privada recibe el 67%.

El trabajo desarrollado por las instituciones de SENAME se materializa en programas de adopción; de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; de restitución y reparación de derechos y de reinserción social de jóvenes infractores de ley.

Expertos e informes de UNICEF y la Comisión de la Infancia de la Cámara del Senado en Chile aseguran que la causa de esta crisis radica, en primera instancia, en un asunto económico. Los dineros proporcionados para la atención de NNA son insuficientes para la atención y gastos de mantención que requieren.

Sumado a lo anterior, la forma de financiamiento implica que el 67% de las instituciones sean licitadas cada dos años, mostrando la fragilidad del sistema en la rotación de programas y continuidad del trabajo, lo que afecta y vulnera directamente a los NNA que constantemente viven interrupciones en sus procesos.

El bajo presupuesto también tiene repercusiones en los profesionales y trabajadores que forman parte de la institución. Primeramente, las precarias condiciones laborales y los bajos salarios afectan a la contratación de profesionales altamente capacitados  que puedan enfrentar la complejidad del trabajo. Lo anterior deriva en un personal que no tiene las capacidades técnicas suficientes ni las condiciones óptimas para el desarrollo del trabajo con NNA. Se habla de profesionales que carecen de vocación; sin embargo, por mencionar un ejemplo, el presupuesto para capacitaciones en 2017 se redujo en un 80%.

La concepción bajo la cual el Estado ha trabajado con la infancia y juventud, aún bajo la política de Derechos, es de entender a los NNA como objetos-pasivos a proteger mediante programas y no como personas con historias, miradas y capacidad de acción y transformación de su vida y con un rol en su entorno, entendiendo que para las vulneraciones sufridas requieren un trabajo especializado, personal, social y sobre todo comprometido y vinculante. 

¿Qué nos queda como profesionales ante este escenario?

Conversamos con Andrea xxx, trabajadora social en un Programa de Intervención Integral Especializada, quien nos cuenta que en su equipo han logrado tal cohesión, compromiso e iniciativa que de los 25 NNA que tienen bajo su responsabilidad hasta el momento, la mayoría ha presentado adhesión al programa; sin embargo, presentan dificultades porque se observa en algunos casos la falta de compromiso de algunos colegas, la escasa capacitación que se recibe para trabajar en este contexto cuando la importancia de tener recursos y herramientas nuevas, participativas y adhoc se vuelven prioritarias, la falta de presupuesto para iniciativas que aportan al desarrollo de los procesos de trabajo, frente a lo cual han tenido que autogestionarse; sin embargo, esto no es sostenible en el tiempo y para otros equipos ni siquiera una posibilidad.

Este tipo de trabajo no requiere solo un aumento de presupuesto sino también un cambio cualitativo de restitución del vínculo de la sociedad y el Estado con la infancia y juventud, no delegando este tipo de trabajo a instituciones privadas, ni licitando cada dos años los programas; por el contrario, promoviendo la formación y capacitación para los profesionales y trabajadores del sector favoreciendo los procesos de protección, reparación y reinserción.